El clima político e institucional en Ecuador alcanza un nuevo punto crítico. El Núcleo Pichincha de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) emitió un duro y categórico pronunciamiento en respuesta a las recientes declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien lanzó una abierta advertencia a los administradores de justicia al afirmar de forma contundente que “o se enderezan o van presos”. Los magistrados calificaron este discurso como un acto de intimidación incompatible con un Estado constitucional de derechos y justicia.
En un comunicado de alto impacto, la AEMAJ dejó en claro que la labor de la magistratura se rige bajo principios estrictos de legalidad e imparcialidad, sentenciando: “Los jueces no administran justicia para satisfacer intereses políticos ni responder a presiones de ningún poder del Estado”.
La organización que agrupa a los administradores de justicia sostuvo firmemente que ninguna autoridad, sin importar su investidura, tiene la facultad de emitir mensajes que puedan interpretarse como mecanismos de coerción, presión o amedrentamiento contra el ejercicio de la función jurisdiccional.
En su pronunciamiento, los magistrados recordaron que su obligación primordial y exclusiva es resolver los procesos con absoluta independencia, estando sometidos únicamente al imperio de la Constitución, la ley, la prueba presentada y las garantías constitucionales del debido proceso. Por ello, advirtieron que cualquier discurso o narrativa orientada a influir, condicionar o direccionar los fallos judiciales constituye una grave vulneración a la independencia judicial y al principio fundamental de separación de poderes.
Asimismo, la AEMAJ alertó a la opinión pública sobre el peligroso precedente que esto sienta, señalando que insinuar que un juez puede terminar en prisión por el contenido directo de sus resoluciones genera un efecto amedrentador e intimidatorio que carcome las bases del Estado de derecho. Del mismo modo, el organismo aclaró que la lucha contra la corrupción —materia prioritaria para el país— no puede utilizarse jamás como una justificación política para amenazar de manera generalizada e indiscriminada a los operadores de justicia, ratificando su compromiso ineludible con la defensa de la independencia judicial.
Estas controvertidas declaraciones del ministro John Reimberg se produjeron el pasado 30 de julio durante una entrevista radial. La intervención del titular de la cartera del Interior ocurrió inmediatamente después de los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado contra jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes son investigados por presunto cohecho dentro de un caso vinculado a una empresa china.
Cabe destacar que no se trata de una postura aislada por parte del funcionario. Esta no es la primera vez que el ministro del Interior realiza advertencias de este calibre hacia la Función Judicial. En intervenciones públicas anteriores, Reimberg ha insistido en que “nadie es intocable” y ha sostenido enfáticamente que el sistema judicial debe “alinearse con el interés público y la seguridad ciudadana”. Esta serie de discursos reiterados ha encendido las alarmas, generando profunda preocupación, críticas y rechazo en diversos sectores del sistema de justicia del país.
Este nuevo choque de poderes deja al descubierto la profunda brecha entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en el marco de las investigaciones por corrupción. Mientras desde el Gobierno se insiste en un alineamiento de los fallos judiciales con las políticas de seguridad estatal, los magistrados se plantan firmes en la defensa de su autonomía, marcando un precedente decisivo en el panorama institucional de la nación.