La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria dispuso 19 medidas de seguridad para prevenir estafas digitales. Las entidades tendrán entre 12 y 24 meses para implementarlas y deberán habilitar mecanismos de bloqueo inmediato de cuentas.
Las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador tendrán que reforzar sus sistemas de seguridad para proteger el dinero y la información personal de sus clientes. Una nueva normativa establece 19 medidas tecnológicas obligatorias para prevenir fraudes financieros, detectar movimientos sospechosos y facilitar la respuesta ante posibles estafas.
La disposición fue emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y consta en el Registro Oficial. Su aplicación comprende las operaciones realizadas mediante aplicaciones móviles, plataformas de banca por internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito, así como otros canales electrónicos de pago.
Uno de los cambios más importantes está relacionado con la responsabilidad de las entidades financieras cuando sus clientes pierdan dinero por vulneraciones de seguridad.
Cooperativas deberán devolver el dinero en determinados casos de fraude
El artículo 31 de la resolución establece que, cuando se compruebe que una operación fraudulenta ocurrió por fallas de seguridad atribuibles a la cooperativa o a sus proveedores, y no por responsabilidad del usuario, la entidad deberá reintegrar, compensar o revertir los valores afectados.
La devolución deberá realizarse sin cobrar comisiones ni recargos adicionales al cliente.
Esto significa que las cooperativas tendrán que responder económicamente cuando se determine que sus sistemas de protección fallaron y permitieron operaciones fraudulentas.
Sin embargo, la disposición no contempla una devolución automática en todos los casos. Para que proceda, deberá comprobarse que el fraude no fue atribuible al usuario.
Un botón de pánico para bloquear las cuentas
Entre las nuevas obligaciones consta la incorporación de un botón de pánico en las aplicaciones móviles y páginas web de las entidades financieras.
Esta herramienta permitirá a los usuarios congelar sus cuentas y claves de acceso de manera inmediata cuando sospechen que están siendo víctimas de una estafa o que terceros intentan ingresar a sus servicios financieros.
La normativa también exige fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y establecer alertas para advertir a los clientes sobre transacciones inusuales.
Además, las cooperativas deberán implementar herramientas de protección frente a modalidades de fraude que buscan obtener contraseñas, claves bancarias y datos personales mediante correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos.
Atención durante las 24 horas para reportar fraudes
Otro cambio será la obligación de mantener canales de atención disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Las entidades deberán contar con una línea telefónica o un servicio de chat atendido por personas, para que los usuarios puedan reportar movimientos sospechosos, posibles robos de información o accesos no autorizados a sus cuentas.
El objetivo es que los clientes puedan comunicar una emergencia financiera sin depender de los horarios habituales de atención de las cooperativas.
Hasta dos años para implementar las medidas
Las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas tendrán plazos de entre 12 y 24 meses para cumplir las nuevas disposiciones, según los requerimientos establecidos en la normativa.
Durante ese período, las entidades deberán priorizar los controles de seguridad en las operaciones que representen mayores riesgos de fraude.
Las nuevas exigencias buscan fortalecer la protección de los usuarios ante el crecimiento de las transacciones digitales y establecer responsabilidades para las entidades financieras cuando sus mecanismos de seguridad resulten insuficientes.
Radio Pichincha