Riobamba | Intermedia Ecuador
La lucha contra la corrupción en Chimborazo enfrenta, según Milton Pazmiño, integrante de la Comisión Anticorrupción, capítulo Chimborazo, un problema que va más allá de la existencia de denuncias: la demora de los organismos encargados de investigar, controlar y resolver los casos que han sido puestos en su conocimiento.
Durante una entrevista en el programa Mañana Xpress de Intermedia Ecuador e Intermedia Radio, Pazmiño sostuvo que la Comisión ha mantenido durante años una labor ciudadana de seguimiento a distintos procesos, pero cuestionó que varios expedientes permanezcan abiertos, estancados o sin una resolución definitiva.
El dirigente ciudadano señaló que el propósito de la Comisión no es actuar en contra de personas determinadas, sino exigir que la administración de los recursos públicos y la ejecución de obras se desarrollen bajo principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
“No estamos en contra de las personas que han administrado o administran, sino en contra de lo que no se hace de manera correcta, de forma transparente”, sostuvo Pazmiño durante la entrevista.
Maguazo-Alao, uno de los principales casos bajo seguimiento
Uno de los temas que ocupó buena parte de la conversación fue el proyecto Maguazo-Alao, una obra de infraestructura vinculada al abastecimiento de agua para Riobamba.
Pazmiño cuestionó que el proceso relacionado con este proyecto no se encuentre radicado en Chimborazo, sino en la provincia del Cañar, específicamente en Azogues, situación que, según explicó, dificulta el seguimiento ciudadano debido a la distancia geográfica y a las limitaciones de recursos de la Comisión.
De acuerdo con su relato, la Comisión Anticorrupción acudió ante la Contraloría General del Estado y solicitó la intervención de un equipo especializado para revisar el proyecto.
Pazmiño aseguró que ese trabajo se realizó y que posteriormente se generó un informe de Contraloría que, según su interpretación, respaldaría varios de los cuestionamientos que la organización ciudadana había planteado previamente.
Uno de los puntos señalados durante la entrevista fue el estado de determinadas obras y componentes del proyecto.
Pazmiño afirmó que durante el proceso de revisión acompañaron a los auditores para mostrarles las instalaciones, tuberías y estructuras ejecutadas, y describió que existían trabajos que, según su versión, quedaron inconclusos.
El dirigente ciudadano también cuestionó que no se haya tomado una decisión respecto de la empresa constructora.
Según Pazmiño, la Comisión planteó al actual alcalde de Riobamba que se analice la posibilidad de declarar a la compañía constructora como incumplida o fallida, debido a que, a su criterio, no habría cumplido con las obligaciones contractuales.
El debate sobre el agua
Otro de los cuestionamientos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con el beneficio que actualmente recibe la ciudadanía.
Pazmiño mencionó que desde la administración municipal se ha informado sobre la llegada de aproximadamente 30 litros de agua por segundo a la ciudad.
Sin embargo, expresó sus dudas sobre si ese resultado corresponde realmente a las condiciones establecidas en el contrato original.
Su argumento se centra en que una obra pública debe evaluarse no solamente por lo que eventualmente entrega en un momento determinado, sino también por el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.
“Si no se cumple el contrato en los términos establecidos, simplemente no están bien las cosas”, sostuvo.
Se trata de una afirmación que, para efectos periodísticos, requiere contrastarse con el contrato, sus modificaciones, informes técnicos y las posiciones oficiales de las instituciones involucradas.
Fiscalía del Cañar: años de trámite y cambios de funcionarios
Otro de los aspectos que Pazmiño considera problemáticos es el tiempo que han tomado determinadas actuaciones dentro del proceso relacionado con Maguazo-Alao.
Según relató, inicialmente existió un fiscal que habría trabajado durante más de un año en el caso. También mencionó la participación de un perito enviado desde la Fiscalía General del Estado.
Pazmiño aseguró que el proceso técnico habría avanzado durante un período prolongado y que posteriormente se produjo el retiro del perito, lo que, desde su perspectiva, habría generado un nuevo retraso.
Posteriormente, según su relato, también se produjo un cambio de fiscal en la provincia del Cañar.
Para la Comisión Anticorrupción, estos cambios institucionales terminan generando una suerte de reinicio de los procedimientos y obligan a los ciudadanos que realizan seguimiento a explicar nuevamente los antecedentes del caso.
El problema, añadió Pazmiño, es que la Comisión funciona desde Riobamba y no cuenta con los recursos necesarios para mantener una presencia permanente en Azogues.
La distancia se convierte así, según la organización, en una barrera adicional para el control ciudadano.
El caso del Parque Industrial y una sentencia que, según Pazmiño, debe ejecutarse
Otro de los temas centrales de la entrevista fue el Parque Industrial de Riobamba, un conflicto que, según Pazmiño, se remonta varias décadas atrás.
El integrante de la Comisión Anticorrupción recordó que la organización comenzó a involucrarse en este caso hace aproximadamente seis años y explicó que el proceso tiene antecedentes desde las décadas de 1960 y 1970.
Según su versión, la Comisión dio continuidad a acciones emprendidas anteriormente y consiguió una sentencia favorable en la justicia provincial.
Pazmiño explicó que la decisión judicial permitió reivindicar determinadas áreas ubicadas detrás de la unidad penitenciaria.
Para él, más allá de la extensión física del terreno recuperado, la sentencia tiene un significado simbólico: demostrar que existían fundamentos para sostener el reclamo planteado durante años.
Sin embargo, el dirigente considera que el problema ahora está en la ejecución efectiva de la sentencia.
Pazmiño cuestiona a Municipio, Prefectura y empresa eléctrica
Durante la entrevista, Pazmiño mencionó a tres instituciones que, según su versión, tendrían participación procesal en el caso del Parque Industrial:
- El Gobierno Provincial de Chimborazo.
- El Municipio de Riobamba.
- La Empresa Eléctrica Riobamba S.A.
Según el representante de la Comisión Anticorrupción, estas entidades deberían adoptar las acciones correspondientes para hacer efectiva la sentencia.
Pazmiño aseguró que la Comisión ha mantenido reuniones y acercamientos con diferentes autoridades a lo largo del tiempo para solicitarles que asuman la defensa institucional de los intereses de Riobamba y Chimborazo.
Sin embargo, afirmó que hasta el momento no conoce de una acción conjunta de las tres instituciones frente al proceso.
La situación se vuelve más compleja porque, según explicó, existiría un recurso de casación presentado ante la Corte Nacional de Justicia por la parte que se considera afectada por la sentencia.
La Comisión, según Pazmiño, habría solicitado a las autoridades locales y provinciales que comparezcan y ejerzan las acciones que correspondan dentro del proceso.
Una acusación política que debe ser contrastada
Uno de los momentos más fuertes de la entrevista ocurrió cuando Pazmiño calificó públicamente como cuestionable la falta de actuación de las instituciones mencionadas.
Incluso sostuvo que, desde su perspectiva, la inacción podría convertirlas en “cómplices” de la situación.
Esta afirmación corresponde exclusivamente a la valoración expresada por Pazmiño durante la entrevista y no constituye una determinación judicial de responsabilidad.
Precisamente por tratarse de una acusación de esa naturaleza, corresponde que las instituciones señaladas expliquen públicamente cuál ha sido su actuación dentro del proceso, qué acciones legales han emprendido y cuál es su posición frente a la sentencia.
Un caso de presunto enriquecimiento ilícito fue archivado, afirma Pazmiño
En otro tramo de la conversación, Pazmiño mencionó un proceso relacionado con un supuesto enriquecimiento ilícito de una autoridad municipal.
Según afirmó, la Fiscalía Provincial habría archivado el caso pese a que, desde la perspectiva de la Comisión Anticorrupción, existían elementos suficientes para sostener la denuncia.
Pazmiño también hizo referencia a figuras jurídicas como peculado y enriquecimiento ilícito.
No obstante, aseguró que ese proceso ya se encuentra archivado.
Este punto requiere especial precisión periodística: una denuncia o una investigación fiscal no equivale por sí misma a una condena ni demuestra la existencia de un delito. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes y, cuando corresponde, a los órganos jurisdiccionales.
El problema que Pazmiño identifica: una cadena de demoras
Más allá de cada expediente, la entrevista deja planteado un cuestionamiento de fondo.
Para Pazmiño, el problema no se limita a un caso específico. Lo que observa es una cadena de retrasos institucionales que puede comenzar con una denuncia, continuar con una investigación, pasar por cambios de funcionarios y terminar con expedientes que permanecen durante años sin una resolución definitiva.
Desde su perspectiva, esto genera frustración en las organizaciones ciudadanas que realizan seguimiento a los procesos.
También advierte que la falta de resultados puede provocar que la ciudadanía pierda confianza en los mecanismos institucionales de control.
La Comisión Anticorrupción, explicó, realiza este trabajo sin recibir una remuneración por estas actividades y, según Pazmiño, enfrenta además limitaciones económicas y logísticas para trasladarse y hacer seguimiento a procesos fuera de Chimborazo.
El mensaje para las próximas elecciones
La entrevista terminó con un mensaje directamente relacionado con el proceso electoral que se aproxima.
Pazmiño pidió a los ciudadanos de Riobamba y Chimborazo reflexionar sobre las personas que serán elegidas para ocupar las alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales.
Su planteamiento fue que las nuevas autoridades deberían priorizar la coordinación institucional y dejar de trabajar de manera aislada.
“Necesitamos unir a la provincia y a Riobamba”, sostuvo.
A su criterio, uno de los principales problemas de Chimborazo es la falta de articulación entre sus autoridades y la ausencia de una agenda común frente al Gobierno central.
En ese contexto mencionó problemas de infraestructura vial y cuestionó que todavía existan dificultades para completar determinados tramos de la conexión entre Chimborazo y Tungurahua.
También hizo referencia al potencial turístico de la provincia y al Chimborazo como uno de sus principales activos, cuestionando que no se haya logrado aprovechar plenamente ese potencial.
Una discusión que va más allá de las denuncias
Las declaraciones de Milton Pazmiño ponen nuevamente sobre la mesa una discusión que trasciende a la Comisión Anticorrupción: ¿qué ocurre con una denuncia ciudadana después de ser presentada ante las instituciones competentes?
La respuesta no depende únicamente de quienes denuncian.
Intervienen la Fiscalía, Contraloría, órganos judiciales, gobiernos locales y otras instituciones dependiendo de la naturaleza de cada caso.
Por eso, el desafío para la ciudadanía no es únicamente presentar denuncias, sino también conocer qué ocurrió posteriormente con cada expediente: si fue archivado, si continúa en investigación, si existe una sentencia, si esta fue apelada y, finalmente, si una decisión judicial está siendo ejecutada.
En el caso de los procesos mencionados durante la entrevista, ese seguimiento resulta particularmente relevante porque existen afirmaciones contrapuestas y diferentes etapas institucionales que deben ser verificadas documentalmente.
Conclusión
La entrevista con Milton Pazmiño revela una preocupación central de la Comisión Anticorrupción de Chimborazo: la distancia entre denunciar una posible irregularidad y obtener una respuesta institucional definitiva.
Maguazo-Alao, el Parque Industrial y otros procesos mencionados durante la conversación muestran, según el relato de Pazmiño, que los tiempos administrativos, fiscales y judiciales pueden extenderse durante años.
Pero también dejan una tarea pendiente para las instituciones señaladas: informar a la ciudadanía qué acciones han realizado, cuál es el estado actual de cada proceso y qué falta para que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes se cumplan.
En una provincia que se prepara para elegir nuevas autoridades locales, el debate planteado por Pazmiño coloca nuevamente en el centro de la discusión pública conceptos como transparencia, control ciudadano, coordinación institucional y defensa de los intereses colectivos de Riobamba y Chimborazo.
La entrevista completa en los canales oficiales de Intermedia ecuador e Intermedia radio www.radiointermedia.com